Vender una empresa es un proceso en el que intervienen diferentes especialistas entre asesor, financiero, fiscal, tasador o abogado. La parte legal, si bien puede ser la más técnica, también es la más importante. Incluso más que la económica debido a que si el acuerdo no se ajusta a la normativa vigente del país o países implicados, la operación podría quedar invalidada e incluso se podría tener que hacer frente a diferentes sanciones. Para evitar esa problemática relacionada con el componente normativo, vamos a ver los aspectos legales a tener en cuenta en la venta de una PYME para que el proceso sea exitoso.
La planificación previa suele comenzar con al menos un año de antelación al inicio formal del proceso de venta. En esta fase se establecen los plazos clave, se contrata asesoramiento profesional especializado y se realizan auditorías internas, además de los ajustes necesarios para preparar la empresa de cara a los siguientes pasos.
Esta etapa también marca el inicio de la elaboración de los primeros informes estratégicos sobre el negocio. Estos documentos incluyen un análisis interno que permite a los actuales propietarios conocer el estado real de la empresa, y un informe llamado Teaser orientado a los potenciales inversores, donde se destacan los puntos fuertes y las oportunidades del negocio para captar su interés.
La carta de intenciones, conocida como LOI (Letter of Intent), es un documento preliminar que formaliza el interés entre las partes en llegar a un acuerdo. Este documento puede ser vinculante o no vinculante, y su objetivo principal es estructurar las conversaciones y alinear las expectativas desde el inicio de la negociación, estableciendo una hoja de ruta clara para el proceso.
Aunque puede compartir similitudes con un acuerdo de confidencialidad, no son equivalentes. La LOI aborda aspectos más amplios relacionados con la negociación, mientras que la confidencialidad se enfoca en proteger información sensible. En este punto, el componente legal juega un papel crucial para garantizar que el documento refleje los intereses y compromisos de ambas partes.
Antes de avanzar hacia la due diligence o la firma del contrato de compraventa, es habitual formalizar un contrato de confidencialidad o NDA (Non-Disclosure Agreement). Este documento es esencial en el proceso de compraventa de empresas, ya que establece un marco de seguridad para compartir información sensible de manera confidencial, protegiendo a la empresa de posibles riesgos o usos indebidos.
Mediante este acuerdo, las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad la información que se les facilite, debido a la sensibilidad inherente a este tipo de transacciones.
La due diligence se asocia comúnmente con la revisión financiera exhaustiva de una empresa, en la que se evalúan elementos clave como activos, pasivos, ingresos, beneficios y el balance general. Este análisis detalla el estado contable de la compañía, pero también se extiende al ámbito normativo, conocido como due diligence legal, donde se evalúa el cumplimiento jurídico y contractual de la organización.
En esta fase, además de los estados financieros, se revisan los contratos vigentes, incluyendo acuerdos laborales, con proveedores y otras obligaciones contractuales. Este análisis normativo tiene como objetivo identificar posibles riesgos o irregularidades y recopilar toda la información relevante sobre los compromisos de la empresa.
La due diligence no se limita a un análisis interno; también examina factores externos. Esto incluye verificar si la actividad de la empresa cumple con la normativa local y nacional, así como identificar posibles conflictos legales, como disputas contencioso-administrativas.
Una vez realizada esta radiografía legal, se evalúa la viabilidad jurídica de la operación. En algunos casos, especialmente en procesos de fusiones y adquisiciones (M&A) de gran envergadura, puede ser necesario obtener la aprobación de organismos reguladores de competencia, sobre todo si el inversor o la empresa interesada tiene sede fuera de España.
Esta fase es esencial en el proceso de compraventa, ya que asegura que tanto las partes interesadas como la operación en sí estén protegidas y alineadas con los marcos legales y financieros pertinentes.
Una vez obtenida la aprobación legal y jurídica tanto de la empresa como de la operación, se procede a la elaboración del contrato de compraventa. Este documento es crucial, ya que define los términos y condiciones fundamentales para garantizar una transacción segura y evitar posibles demandas o conflictos en el futuro.
En esta fase, es esencial abordar aspectos clave como el precio de venta, las modalidades de pago y los roles que asumirán compradores y vendedores tras la transacción. Además, deben incluirse todas las cláusulas y acuerdos negociados entre las partes, los cuales deben quedar claramente reflejados en el contrato.
El contrato también debe cumplir con la normativa legal del país donde se lleve a cabo la operación. Por último, es imprescindible especificar las garantías que el vendedor ofrece al comprador. Estas garantías son esenciales para proteger al comprador, quien podrá realizar reclamaciones legales si se incumplen, lo que podría derivar en demandas contra el antiguo propietario.
Un contrato de compraventa sólido y bien estructurado es la base para una transferencia exitosa y sin contratiempos de la propiedad de la pyme.